El equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo destacó como dato relevante que es la primera vez que un Tribunal considera que los delitos de apropiación de chicos secuestrados junto a sus padres o nacidos en centros clandestinos son “crímenes de Lesa Humanidad cometidos como parte de un plan sistemático de apropiación de niños y niñas nacidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en Argentina durante la última dictadura cívico militar”, pero expresó su disconformidad en relación al análisis realizado con respecto a las leyes y el modo en el que fueron encuadrados las delito, lo que determinó la baja condena.
Jorgelina Azzarri de Pereyra expresó que para las Abuelas “es importante que se haya podido hacer este juicio por el que hace 33 años que venimos luchando pero lamentablemente las penas fueron escazas. Sobre todo teniendo en cuenta por lo que pasó María Elena – la mamá de Natalia -, la torturaron, le robaron a su hijita y ni ella ni sus compañeros tuvieron la posibilidad de defender su forma de pensar. Y a Alonso y a Herzberg le dan sólo 10 años de condena. Desde Abuelas no estamos conformes, pero vamos a seguir pidiendo y si es necesario exigiendo la pena que estos criminales merecen”.
Atento a lo pedido por la querella y la fiscalía el Tribunal dispuso que se dé inicio a la investigación penal tendiente a determinar la participación de Fransisco Bosia (el médico que firmó la partida de nacimiento que permitió la inscripción de M. Natalia como hija de Alonso y su mujer); Julia María Alí y al juez penal Juan Carlos Bruni (quien había exculpado a Alonso en la causa provincial cuando María Natalia aún no se había hecho los análisis de ADN que determinaron su origen), en el delito de desaparición forzada de María Natalia Suárez Nelson . También llamaron la atención al juez federal Arnaldo H. Corazza por el desdoblamiento de la causa en la que se investiga la responsabilidad de la mujer de Alonso, María del Luján Di Mattía, considerando que: "no es concebible que los siempre insuficientes recursos materiales y humanos de la administración de justicia deban duplicarse al dejarse afuera de la persecución penal a imputados sobre quienes pesa un abundante caudal probatorio".
